“Aquí se puede matar, desaparecer y no pasa nada”
Gabriela Martínez | @MissJournalist
TIJUANA.- Luis Guillermo cava. Empuña con todas sus fuerzas la pala y recorre las colonias de Tijuana cada semana, aprendió a conocerlas como si fueran las venas de su brazo y lo hace porque no tiene otra opción: de él y su esfuerzo depende encontrar a sus dos hijos desaparecidos, de los tres que son su familia.
Para él cada cuerpo que localiza semienterrado en algún cerro abandonado, de esos que abundan desperdigados en medio de la ciudad o a sus orillas, es un rezo para encontrar a su sangre.
La muerte se esconde donde “empieza la Patria”, como reza el lema oficial del escudo del municipio, esta es la ciudad con más homicidios con arma de fuego de todo el país: 1,031 asesinatos de enero a agosto de 2019, refiere el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Y son los que alcanzan a ser encontrados porque hay otros de los que no se sabe nada, que están enterrados en algún cerro, bajo los escombros, envueltos entre cobijas o harapos; o los que jamás serán hallados porque terminaron en algún tambo bañados en ácido, como explica José Fernando Ortigoza, secretario de la Asociación Unidos por los Desaparecidos en Baja California.
Han pasado dos años desde que desapareció Eskarlet, la hija de Luis Guillermo, y un año desde que se llevaron a su hijo Inri. Guillermo es padre buscador, un sabueso que busca rastros que lo lleven a sus hijos y los responsables de su desaparición.
Factor: Seguridad
Esta historia es parte del reportaje transmedia Panorama del Estado de Derecho en México, que realizamos para World Justice Project (WJP) en el marco de la presentación de su Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020.
Tlanixco: criminalizar a los defensores
Nantzin Saldaña | @tanggerine
TLANIXCO.- Para Tomasa Estrada y Rómulo Arias la primavera del 2019 fue la más hermosa que recuerden en su natal San Pedro Tlanixco, a 28.3 km del nevado de Toluca, en el Estado de México. Nuevamente admiraron juntos los paisajes verdes y los brotes de claveles en los montes, 13 años después de estar separados por la fuerza. Él fue recluido en prisión.
“Estoy muy contento, muy feliz con mi familia, trabajando (…) No es fácil contar lo que vive uno dentro de la cárcel, siento que volví a nacer”, afirma Rómulo, a sus 50 años de edad, semanas después de haber regresado a su pueblo ya con arrugas al costado de sus ojos y cabello entrecano.
Como Rómulo, cuatro hombres y una mujer de esta comunidad nahua pasaron entre 11 y 16 años en prisión por delitos que nunca cometieron. Se trata de Dominga González Martínez, detenida a los 49 años y liberada a los 61; Lorenzo Sánchez Berriozabal, de 54 años, y Marco Antonio Pérez González, de 39, detenidos a los 42 y 27 años respectivamente; Pedro Sánchez Berriozabal quien recuperó su vida en su cumpleaños 52 tras ser detenido a los 36 y Teófilo Pérez González, de 49 años, y quien pisó la cárcel a los 33.
Todos eran parte activa del movimiento comunal de defensa del agua de su pueblo. Todos fueron acusados, procesados y sentenciados a 50 y hasta 54 años de prisión por la muerte del empresario floricultor español Alejandro Isaak Basso y la presunta retención ilegal de 11 personas de Villa Guerrero, el municipio vecino río abajo.
Tras más de una década de procesos penales con inconsistencias, dilaciones y fallas al debido proceso, los seis están libres gracias a una extenuante batalla legal encabezada por sus esposas, hermanas e hijos, quienes impulsaron un movimiento nacional por su liberación y quienes con el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero como su defensa legal llevaron su reclamo a instancias internacionales, como la ONU y Front Line Defenders, entre otras.
En su análisis, la ONU-DH determinó a partir de 10 procedimientos especiales inéditos realizados por sus distintos relatores, que la justicia mexicana no observó el derecho al debido proceso, no se garantizó la presunción de inocencia, cometió una cadena de violaciones durante la investigación y emitió sentencias máximas para criminalizarlos por su activismo. El abogado Antonio Loza asegura que “hubo una directriz de ser lo más crueles al momento de detenerlos”. Pudieron ser legales y sin violencia, pero la orden era darles una lección.
El caso de estos seis defensores nahuas del agua es un emblema de las fallas que enfrenta la justicia penal en el Estado de México y en el país. Y su liberación, una corrección de la mala gestión para el acceso a la justicia. “No solamente queremos que Tlanixco sea una experiencia emblemática, sino que sea referente para la reivindicación de justicia de muchos abusos que existen”, señaló el subsecretario federal de Derechos Humanos, Alejandro Encinas durante el acto de reivindicación que les ofreció el Estado mexicano en abril de 2019.
Factor: Justicia penal
Esta historia es parte del reportaje transmedia Panorama del Estado de Derecho en México, que realizamos para World Justice Project (WJP) en el marco de la presentación de su Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020.
La termoeléctrica de Huexca: energía o ley
Concepción Peralta | @CPeraltaS
HUEXCA.- Como si fuera una gigantesca nave que aterrizó sobre terrenos de maíz, la termoeléctrica de Huexca se levanta con sus turbinas, generadores y torres de acero en un predio de 45 hectáreas en el municipio de Yecapixtla, Morelos.
Un particular vendió su terreno a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en lo que antes era una aeropista privada, y les cambió la vida a varias comunidades de Morelos, Puebla y Tlaxcala. En junio de 2011, la CFE lanzó la licitación del Proyecto Integral Morelos (PIM), con valor de 1,600 millones de dólares y que incluía dos termoeléctricas, un gasoducto de 150 kilómetros, una línea eléctrica de 20 kilómetros y un acueducto de 10 kilómetros.
La empresa del Estado contaba con el terreno y dos estudios de Impacto Ambiental, pero no con la consulta y aprobación de las comunidades por donde cruzaría el gasoducto, se abastecería de agua y se establecería. Eso marcó la historia de este megaproyecto: parado por una docena de amparos y una férrea oposición de los pobladores. Y sólo se levantó una de los dos termoeléctricas proyectadas.
El pueblo de Huexca está a menos de un kilómetro de la termoeléctrica y las paredes de su kínder están a unos 200 metros de distancia. El pueblo está asentado ahí desde hace más de un siglo, pero en el Estudio de Impacto Ambiental apenas se refieren a ellos como un asentamiento humano que tira sus desechos al río. De echarla a andar, las turbinas de la termoeléctrica generarían un ruido mayor a 110 decibeles, lo que afectará a la salud de los pobladores.
“Nadie nos informó que era (la construcción). Se preguntó y se preguntó y nos decían que era para Casas Geo (desarrollo de vivienda a bajo costo), que iba a ser una subestación eléctrica, una hidroeléctrica y hasta el final aceptaron que era una termoeléctrica”, relata Teresa Castellanos, vecina del poblado de Huexca y miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, la principal organización opositora a la “termo”, como se refieren a la termoeléctrica.
Factor: Cumplimiento regulatorio
Esta historia es parte del reportaje transmedia Panorama del Estado de Derecho en México, que realizamos para World Justice Project (WJP) en el marco de la presentación de su Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020.
CDMX: La guerra por el suelo urbano
Carlos Acuña | @esecarlo
CIUDAD DE MÉXICO.- Esto no es un bazar.
Los muebles no están a la venta, tampoco el refrigerador. Corre el mediodía de un martes y un pequeño batallón de 25 hombres acaba de entrar al edificio color tamarindo en la esquina de Cristóbal Colón y Doctor Mora, a unos metros de la Alameda Central. Les bastan diez minutos para cargar y lanzar a la calle cama, escritorio, sillas… cualquier objeto del departamento 32.
La escena resulta familiar: desde hace años la he visto repetirse en distintos puntos del Centro Histórico.
En noviembre de 2015, el piano de Conchita Preciado -una octogenaria maestra de música- se hizo añicos contra la banqueta de la calle Revillagigedo, número 77: un grupo de cargadores lo arrojó desde la ventana.
En octubre de 2018, los muebles de Hilda Pacheco también volaron por las ventanas del edificio Gaona, en la calle Emilio Dondé, esquina con Bucareli, Centro de la Ciudad de México.
Semanas después, Guadalupe Peña y su hijo vieron cómo todas sus cosas terminaron rotas y revueltas en la calle de Zapata, colonia Centro.
En la calle de Isabel la Católica, una anciana todavía mantiene un campamento para resguardar sus pertenencias.
La estampa es idéntica: ropa, televisión, platos rotos. Un desastre amontonado en la acera.
Pero hoy martes, 20 de agosto, algo es distinto.
-¿Cuánto por el escritorio?- me pregunta un curioso y entonces hay que explicarle que no, que esto no es un bazar.
Hoy yo soy el desalojado.
Factor: Justicia civil
Esta historia es parte del reportaje transmedia Panorama del Estado de Derecho en México, que realizamos para World Justice Project (WJP) en el marco de la presentación de su Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020.
Autodefensas: las armas y las campanas
Concepción Peralta | @CPeraltaS
FELIPE CARRILLO PUERTO.- Una cita con Hipólito Mora, fundador de las autodefensas en La Ruana, Michoacán, –la primera comunidad que se levantó en armas en el año 2013 para defenderse de los grupos criminales– fue el motivo para cruzar el pico de Tancítaro y algunos de sus pueblos típicos aguacateros.
Para ir de Morelia a la Ruana hay dos opciones: la autopista siglo XXI o los caminos rurales que atraviesan estos pueblos. Por la primera es más seguro que los bloqueos y las manifestaciones de maestros o campesinos cierren el paso, por la segunda es donde hay más vigilancia de las autodefensas, pero si sabes hablarles en su léxico es más probable que llegues a tu destino, aconsejó un guía.
Michoacán es el principal exportador de Aguacate en el país y el municipio de Tancítaro es el productor del 80% en el estado. Su fortuna agrícola fue su desgracia años atrás, cuando el crimen organizado sometió a los empresarios y la población civil a través de los homicidios, secuestros, extorsiones, cobro de piso, violaciones a las mujeres.
En 2013 la población tomó las armas en defensa propia y enfrentó a “Los Caballeros Templarios”. Para 2014, 24 municipios tenían presencia de autodefensas, principalmente en la región de Tierra Caliente, donde actuaban fuera del orden constitucional ante la incapacidad del Estado para protegerlos.
Factor: Orden y seguridad
Esta historia es parte del reportaje transmedia Panorama del Estado de Derecho en México, que realizamos para World Justice Project (WJP) en el marco de la presentación de su Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020.
“Estado de Derecho, una simulación en México”: Hipólito Mora
Concepción Peralta | @CPeraltaS
FELIPE CARRILLO PUERTO.- Hipólito Mora Chávez vive solo, al interior de su casa lo acompañan sus gatos, un altar con la foto de su hijo Manuel y sus reconocimientos colgados en la pared que dan cuenta de su hazaña: formar el primer grupo de autodefensas que enfrentó a los grupos criminales que aterrorizaban a la población de la Ruana, Michoacán.
Afuera de su casa lo resguardan sus escoltas. “Ellos son mi familia ahora. Sólo en ellos puede confiar”, dice este hombre de 64 años, productor de limón, quien en 2013 contagió a otras comunidades que comenzaron a levantarse en armas para enfrentar a los llamados Caballeros Templarios hasta eliminarlos del estado.
Un año después estos grupos civiles armados depusieron las armas y aceptaron convertirse en una policía rural institucionalizada; sin embargo, Michoacán nuevamente sufre la violencia de varios grupos criminales que han vuelto para disputarse el estado, principalmente en la zona de Tierra Caliente, e intimidar a la población, con el agravante de que ahora se escudan dentro de lo que un día fueron las legítimas autodefensas.
Una mañana de julio, atajados con la sombra de un árbol en el patio de su casa de la Ruana, Hipólito Mora acepta hablar del Estado de Derecho en su entidad y conforme a su experiencia.
Factor: Orden y seguridad
Esta historia es parte del reportaje transmedia Panorama del Estado de Derecho en México, que realizamos para World Justice Project (WJP) en el marco de la presentación de su Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020.
Yucatán, discriminar desde las instituciones
Herbeth Escalante | @HerbethEscalant
MÉRIDA.- Todos los días Yesenia Dávalos Tec atravesaba el pueblo para llegar a casa de sus padres, donde su hija se refugiaba al salir de la escuela. La menor sólo debía cruzar la calle para entrar a la vivienda. Esa fue su rutina durante cinco años.
El 5 de febrero de 2012 Yesenia no la encontró, revisó por todas partes, preguntó en la primaria, pero nadie la había visto desde que sonó la campana de salida. Vivió minutos de angustia por la situación de su hija, quien tiene discapacidad auditiva, ceguera parcial y no puede hablar.
La mujer regresó a casa de su familia. El único sitio que no había examinado era el baño, ocupado en ese momento por su padre Arsenio Dávalos, un hombre de la tercera edad que se resistía a salir. “Aquí no está tu hija”, exclamó.
Yesenia no le creyó, empezó a golpear la puerta, quería derrumbarla. Tras la presión, el hombre abrió y fue cuando encontró a su hija llorando, con el uniforme ultrajado y con sangre en su ropa interior. Había sido víctima de violación por parte de su abuelo. La pequeña de 11 años comunicó por medio de gestos que el sujeto la había tocado.
Con su hija, Yesenia se trasladó de Chablekal a la Agencia Investigadora Especial en Delitos Sexuales, en Mérida, a 21 kilómetros de distancia. Fue un viaje de más de hora y media, en la carretera a puerto Progreso. Luego de 10 horas de espera le tomaron su denuncia. La menor fue sometida a una revisión ginecológica en la que se corroboró que sufrió perforación vaginal y anal.
Factor: Derechos fundamentales
Esta historia es parte del reportaje transmedia Panorama del Estado de Derecho en México, que realizamos para World Justice Project (WJP) en el marco de la presentación de su Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020.