Tlahuelilpan, epicentro del dolor y la corrupción
Concepción Peralta | @CPeraltaS
TLAHUELILPAN.- En el predio de San Primitivo ha comenzado a renacer la hierba y algunas plantas silvestres. Familiares de las personas que fallecieron en Tlahuelilpan, Hidalgo, celebran un rosario alrededor de un racimo de cruces que recuerdan a seres queridos muertos durante la explosión del 18 de enero de 2019 en una toma clandestina de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Las familias se unen para hacer más llevadera su pérdida y resistir juntos la discriminación y el estigma de que son víctimas. En los pueblos, los vecinos saben quiénes eran los que murieron en ese accidente: choferes, albañiles, mecánicos, vendedores de esquites, comerciantes… Pero afuera, en los medios de comunicación y las redes sociales les lanzan burlas y calificativos denigrantes sin importar el dolor y la revictimización de las familias, dice Guadalupe Reyes, víctima y representante de las familias ante las autoridades.
El ducto fue tapado con tierra y sólo los troncos de los árboles quemados revelan el lugar preciso donde brotaron los litros de gasolina que se convirtieron en lumbre.
A unos metros de ahí, las familias levantaron capillas en recuerdo de su familiar. Una está pintada de azul y le han dejado un par de carritos, un vaso con dulces y otro con refresco. Una cruz recuerda que Hugo nació en 2005. Las capillas de los niños Francisco R., de 12 años, estudiante de la Secundaria 257, y Éver Jesús R., nacido en 2004, aún no están construidas pero sus familiares apartaron un lugar con una cruz. El gobierno de Hidalgo otorgó el terreno y las familias pagan los gastos de construcción.
Factor: Corrupción
Esta historia es parte del reportaje transmedia Panorama del Estado de Derecho en México, que realizamos para World Justice Project (WJP) en el marco de la presentación de su Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020.
Los Cabos: librarse de la violencia criminal
Gladys Navarro | @gladys_rn / Mahatma Fong | @MahatmaFong
LOS CABOS.- Antonia llegó con cinco años de edad a esta ciudad proveniente de Tetelcingo, Guerrero, una comunidad indígena en la ribera del Alto Balsas. Con su padre, comenzó a residir en Los Cabos hacia 1986, diez años después de que el gobierno federal impulsó una política de promoción a destinos “integralmente planeados”, que tuvieron un rápido crecimiento poblacional y la consecuente demanda de servicios.
Dice con orgullo que fueron “de los primeros en llegar”, y se refiere a la migración constante que desde entonces ocurre en la región: cientos de ciudadanos, muchos de ellos indígenas, llegan aquí motivados por la bonanza económica del destino premium de México —llamado así por lograr una tarifa promedio de 5 mil 800 pesos por noche y sitios exclusivos donde los turistas llegan a pagar hasta 40 mil pesos por noche.
Desde entonces, el municipio de Los Cabos se ha mantenido con una alta tasa de crecimiento demográfico, de 4.1 por ciento, la más alta del estado y del país (1.4), según los reportes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Sólo el puerto de Cabo San Lucas pasó de tener 16 mil 059 habitantes, en 1990, a 84 mil 192 para 2017.
Antonia enfrentó las complicaciones de asentarse en una tierra desconocida, las propias de quien náhuatl y no español. Vivió en una estación de autobuses, en casas en renta, intentó hacerse de un lugar seguro para vivir, pero no pudo. Ya con su esposo Lucio y familia se asentaron en una zona de invasión —de alto riesgo, junto a un arroyo—y construyeron una casa un poco más resistente a la que les llevó el huracán Odile en 2014.
Factor: Orden y seguridad y Derechos fundamentales
Esta historia es parte del reportaje transmedia Panorama del Estado de Derecho en México, que realizamos para World Justice Project (WJP) en el marco de la presentación de su Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020.
Transparencia y corrupción, como un juego de ajedrez
Jair Avalos | @JairAvalosL / Concepción Peralta | @CPeraltaS
XALAPA.- En su proceso de rendición de cuentas, el país decidió entrarle a la entrega de información a través de la plataforma de Transparencia y entre las primeras piezas que lograron documentar los periodistas con información pública estuvo la compra del menaje de casa para el entonces presidente Vicente Fox por un monto de 7 millones 795 mil pesos, con toallas de 4 mil pesos cada una. Fue el llamado “toallagate”.
Diez años después, la periodista Lilia Saúl Rodríguez ganó el Premio Nacional de Periodismo con su trabajo Paga la Secretaría de Seguridad Pública 118 millones de pesos por serie de tv, haciendo uso de la plataforma de acceso a la información. Para 2016, Arturo Ángel y el equipo de Animal Político lograron demostrar la existencia de una red de Empresas Fantasma (2016) que desviaron 645 millones de pesos a través de contratos de bienes y servicios para los más pobres de Veracruz que nunca entregaron.
“En los primeros años del siglo XXI tuvimos una enorme cantidad de solicitudes, todo mundo quería preguntar cuánto costaron las toallas y cuánto había costado la comida del Presidente. Luego la sociedad y los periodistas nos fuimos ordenando para ser mucho más cuidadosos en qué pedir, nos fuimos sofisticando”, refiere el periodista e investigador Ricardo Raphael, entrevistado sobre derecho a la información y Gobierno Abierto, uno de los ocho indicadores que componen el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project.
Factor: Gobierno abierto
Esta historia es parte del reportaje transmedia Panorama del Estado de Derecho en México, que realizamos para World Justice Project (WJP) en el marco de la presentación de su Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020.
Coatzacoalcos: los puentes a la seguridad
Jair Avalos | @JairAvalosL
COATZACOALCOS.- Coatzacoalcos es una ciudad de calles amplias y edificios descuidados dañados por el salitre del mar, lo que fueron restaurantes, cabarets, hoteles y salones de fiestas en el malecón están abandonados con las ventanas sucias y las puertas clausuradas.
Algunas personas se ejercitan, otras dan un paseo, uno niños juegan en las canchas oscuras y terrosas. Se respira el desánimo.
Por su cercanía con los complejos petroquímicos de Pajaritos, Morelos y Cangrejera, este puerto era sinónimo de productividad nacional todavía hasta hace una década. Para 2005 el Producto Interno Bruto Municipal (PIBM) era de 12 mil 855 millones 237 mil pesos, el tercero más rico del estado, después de Veracruz y Xalapa, según el informe “Coatzacoalcos. Economía local y problemática social”.
Su crecimiento poblacional era constante, del año 2000 a 2005 fue de 0.85 por ciento, y para 2005-2010, fue de 1.84 por ciento. Era pues la esperanza del sur.
Factor: Orden y seguridad
Esta historia es parte del reportaje transmedia Panorama del Estado de Derecho en México, que realizamos para World Justice Project (WJP) en el marco de la presentación de su Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020.
Tapachula, el otro muro
Nantzin Saldaña | @tanggerine
TAPACHULA.- “Entiendo lo que está pasando en México, sobre Trump y su amenaza. Pero lo único que pedimos es que nos hablen claro”, dice Maryanis, una mujer cubana de ojos cafés y rostro canela, mientras espera sentada en la fila, con la esperanza de que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) resuelva su estado legal en México y pueda viajar a la frontera con Estados Unidos.
Con un doble muro, el sueño americano se ha convertido en una pesadilla. Junto a ella hay otros rostros cansados, otras historias detrás de las cifras oficiales, las detenciones arbitrarias y las violaciones a los Derechos Humanos que ocurren en la frontera de México con Guatemala.
A unos 5 kilómetros de ahí está están las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), André, un joven haitiano que durmió en las calles hasta que logró rentar un cuarto, junto con otros 15 connacionales, espera ser atendido.
Cada mañana estos dieciséis extranjeros -seis de ellos niños- salen en grupo del Fraccionamiento Framboyanes rumbo a la Estación Migratoria Siglo XXI. Inician su caminata de seis kilómetros antes del alba, porque de lo contrario un calor penetrante terminará por quemar aún más sus maltratados rostros. Tapachula es una de las ciudades más bochornosas del estado y del país. Al medio día el mercurio marca unos 35 grados.
André y sus compañeros esperan lo mismo que Maryanis: un oficio de salida que regularice su situación migratoria para continuar su camino hacia el Norte. Ella ya tiene una cita pactada con las autoridades mexicanas, pero los haitianos aún no.
Factor: Derechos fundamentales
Esta historia es parte del reportaje transmedia Panorama del Estado de Derecho en México, que realizamos para World Justice Project (WJP) en el marco de la presentación de su Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020.
Guanajuato: zonas de silencio
Concepción Peralta | @CPeraltaS
SANTA ROSA DE LIMA.- En México muchos pueblos están dispuestos a defender a los líderes criminales. Son los “señores” que mandan en los pueblos, los que dan trabajo a las familias, así sea el de cerrar las carreteras. Quienes construyen mansiones en medio de la pobreza.
En Santa Rosa de Lima son frecuentes los bloqueos y los enfrentamientos de la población con la Policía, según las autoridades, auspiciados por los grupos criminales.
Este poblado del municipio de Villagrán, Guanajuato, hasta hace poco pasaba inadvertido como un caserío de agricultores, su irrelevancia fue perfecta para José Antonio Yépez Ortiz, “el Marro”, principal líder huachicolero (robo de combustible) en Guanajuato, quien creó aquí su cartel, a unos 80 kilómetros de la refinería de Salamanca, y compró voluntades para su protección.
En otros tiempos, las refinerías fueron sinónimo de bonanza y fuentes de trabajo para los pobladores, pero en los últimos años, el robo de hidrocarburo a través de la “ordeña” de los ductos de Petróleos Mexicanos, que atraviesan amplias zonas del territorio nacional, han convertidos a estos pueblos en zonas de alto índice delictivo donde impera el silencio y el homicidio.
Factor: Orden y seguridad
Esta historia es parte del reportaje transmedia Panorama del Estado de Derecho en México, que realizamos para World Justice Project (WJP) en el marco de la presentación de su Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020.
Cherán: ganar derechos, perder derechos
Concepción Peralta | @CPeraltaS
CHERÁN.- La historia reciente de este municipio de la meseta purépecha de Michoacán suena a leyenda: había una vez una comunidad indígena sometida por criminales que los extorsionaban, los asesinaban y arrasaban con sus bosques y recursos naturales, hasta que un día un grupo de mujeres indígenas les cerró el paso con su cuerpo, hicieron sonar las campanas del pueblo y cientos de habitantes bajaron a apoyarlas.
Envalentonados, los pobladores tomaron las armas y detuvieron a los saqueadores. Ese día fue el 15 de abril de 2011. Se estima que de 2008 a 2011 fueron arrasadas 11,000 hectáreas boscosas de un total de 20, 826 que había en su territorio.
Los habitantes emprendieron después una batalla legal en los tribunales para hacer valer su derecho a regirse por usos y costumbres, previsto por la Constitución Mexicana. Apoyados por abogados y colectivos, ganaron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y en el Congreso de Michoacán todos los recursos legales para convertirse en el primer pueblo indígena autónomo legalmente reconocido.
Se habla de ellos como una población extraña: Sus habitantes se sienten orgullosos de ser indígenas y de sus autoridades, encabezadas por un Concejo Mayor, una tesorería y ocho concejos: bienes comunales; programas sociales; administración local; procuración, vigilancia y mediación de justicia; asuntos civiles; coordinación de barrios; asuntos de la mujer, y asuntos de jóvenes.
Factor: Orden y seguridad
Esta historia es parte del reportaje transmedia Panorama del Estado de Derecho en México, que realizamos para World Justice Project (WJP) en el marco de la presentación de su Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020.