CIUDAD DE MÉXICO.- Un ejército de encuestadores tocó a la puerta de los mexicanos en 2017 para conocer por vez primera su experiencia y opinión sobre el Estado de Derecho en México. A los dos años se repitió el ejercicio, pero se encontraron con mucha más desconfianza y dificultad para que les abrieran las puertas.
La sorpresa para las encuestadoras fue el nivel de desconfianza y rechazo por parte de la gente.
“Está relacionada con la situación del país: el trabajo implica contacto con la gente y no se puede abstraer de eso. Estamos tomando la temperatura a un tema que es candente y la gente reaccionó acorde, es el reflejo de lo que está ocurriendo en el país ahora”, reconoce Juan Carlos López, coordinador de Data Opinión Pública y Mercado, la encuestadora que coordinó a las cuatro casas que participaron en el ejercicio de 2019: Buendía & Laredo, Parametría, SIMO y Pulso Mercadológico.
El trabajo de campo es cada vez es más complicado, refiere López. “Cinco años atrás, entre 3 y 5 por ciento de la muestra original tenía que ser relevada por incidentes de inseguridad. En proyectos que hemos hecho recientes la cifra se elevó hasta 22 y 25 por ciento”.
Esta historia es parte del reportaje transmedia Panorama del Estado de Derecho en México, que realizamos para World Justice Project (WJP) en el marco de la presentación de su Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020.
Un ejército de encuestadores cruzó los caminos de México para conocer la opinión de la gente sobre el Estado de Derecho que vive.
Un encuestador narra una experiencia de abuso policial.
VERACRUZ.- Varias mujeres siguen atentas el canto de los números, una mesa repleta de regalos se aposta en el salón y un cantante ameniza con melodías de los ochenta. En algunas mesas ríen, en otras reclaman porque se les pasó el cartón del bingo, mientras los meseros apurados sirven el desayuno. Todo podría ser una fiesta de no ser porque esta reunión tiene como objetivo recaudar fondos que permitan hallar más restos humanos, huesos y cráneos. Detrás de este evento están las madres del colectivo Solecito de Veracruz.
Son amas de casa, profesionistas; madres solteras, casadas, divorciadas; mujeres jóvenes y abuelas, a todas las une la desaparición de algún familiar y la necesidad de buscarlo en hospitales, cárceles, penales, ministerios públicos, predios y hasta debajo de las piedras. Fue en 2013 cuando se conformaron como un colectivo, primero para ser atendidas en las dependencias y después, para rastrear el paradero de sus hijos.
Lucía Díaz Genao, una de las madres que integran Solecito, recuerda que el grupo inició con ocho mamás. “Necesitábamos hacer algo (…) No había colectivos en ninguna parte de Veracruz. Iniciamos con un grupo de WhatsApp. Puse un sol como símbolo para encontrar la luz, para encontrar verdad”, recuerda durante el juego de bingo realizado el 7 de junio pasado en la ciudad de Veracruz. Desde ese momento a la fecha se han formado 16 colectivos de búsqueda en la entidad.
Comenzaron a capacitarse en materia legal, psicológica y forense. Aprendieron que la desaparición puede ser simple o forzada y es un delito que atenta contra el derecho a la vida, a la dignidad, a la integridad y a las familias, que les arrebata el derecho de conocer el paradero de las víctimas; su condición jurídica no es ni de vivos ni muertos.
Esta historia es parte del reportaje transmedia Panorama del Estado de Derecho en México, que realizamos para World Justice Project (WJP) en el marco de la presentación de su Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020.
México está plagado de fosas clandestinas, que si no fuera por el esfuerzo de los familiares de las víctimas, nunca serían encontradas.
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